Aprobada reforma a Zonas Francas

Diciembre 15, 2009

Asamblea Legislativa acepta proyecto del Gobierno

El plenario legislativo aprobó anoche, con los votos de 41 diputados, la reforma a la Ley de Zonas Francas (Click here).El plan se discutió en el expediente 17.340.

Con la nueva ley, las empresas ubicadas en la Gran Área Metropolitana pagarán un 6% de sus utilidades por concepto de impuesto sobre la renta durante los primeros 8 años de operación, y un 15% en los cuatro años siguientes.

Dicha ley adicionó un artículo 21 ter. a la Ley de Régimen de Zonas Francas, el cual, en su inciso d), dispone:

“Las empresas ubicadas en la Gran Área Metropolitana Ampliada (GAMA) pagarán una tarifa de un seis por ciento (6%) de sus utilidades para efectos de la Ley del impuesto sobre la renta durante los primeros ocho años y de un quince por ciento (15%) en los siguientes cuatro años. Si se trata de empresas ubicadas fuera del Gran Área Metropolitana Ampliada (GAMA), pagarán la tarifa un cero por ciento (0%) de sus utilidades para efectos de la Ley del impuesto sobre la renta durante los primeros seis años, un cinco por ciento (5%) durante los segundos seis años y de un quince por ciento (15%) durante los seis años siguientes.”

Antes de esta reforma, la exención era de un ciento por ciento (100%) hasta por un período de ocho años y de un cincuenta por ciento (50%) en los siguientes cuatro años, o de de un ciento por ciento (100%) hasta por un período de doce años y de un cincuenta por ciento (50%) en los siguientes seis años, según se tratase de zonas de “mayor desarrollo relativo” o de “menor desarrollo relativo”, sin distinguirse si las empresas estuvieran o no ubicadas en el Gran Área Metropolitana Ampliada (GAMA).

Así las cosas, se ha vuelto menos atractiva la idea de establecer empresas en Zonas Francas dentro del Gran Área Metropolitana Ampliada (GAMA), mientras que resultará muy beneficioso establecerlas fuera de esta. La idea de esta reforma es incentivar el desarrollo de las zonas rurales de Costa Rica.

A partir de la entrada en vigencia de esta ley, el Estado tendrá un plazo de cuatro años para promover la instalación de parques industriales en las zonas rurales del país.